En Guadalajara se está instalando una sensación cada vez más común: se anuncian obras como “transformaciones”, se presumen inversiones millonarias… y cuando la gente va a verlas, la percepción es que “todo sigue igual”. Dos casos se han convertido en símbolo de esa molestia: la remodelación de la Glorieta Minerva y la intervención en Plaza Liberación. En ambos, las cifras oficiales o difundidas públicamente son altas; en ambos, el ciudadano promedio no identifica cambios proporcionales al gasto; y en ambos, la pregunta inevitable vuelve a aparecer: ¿por qué cuestan tanto obras cuyos resultados parecen tan modestos?
En el caso de La Minerva, la cifra de 70 millones de pesos sí ha circulado como costo final de la intervención, incluso con el dato de que el monto originalmente proyectado era menor y terminó incrementándose. El problema es que, en el debate público, el gasto no está siendo juzgado por el expediente técnico, sino por lo que “se nota”. Y lo que muchos señalan en redes es precisamente eso: que el cambio no se percibe como una renovación que valga decenas de millones. La obra se vuelve entonces un asunto de legitimidad: cuando el gobierno gasta mucho, tiene que verse mucho; y si no se ve, lo que queda es la sospecha.
Pero el caso que está encendiendo aún más la conversación es Plaza Liberación. Por un lado, se ha difundido que la remodelación se presentó con una inversión de 450 millones de pesos, cifra que ha sido replicada en publicaciones y notas informativas. Por otro lado, hay reportes que hablan de un monto distinto (por ejemplo, 191.85 millones de pesos para un conjunto de obras asociadas a la intervención). Esa disparidad, por sí sola, ya es un problema de comunicación y transparencia: si el gobierno quiere credibilidad, debe explicar con claridad qué incluye cada bolsa de recursos, qué corresponde a plaza, qué a estacionamientos, qué a iluminación, qué a instalaciones, qué a mantenimiento y qué a “proyecto integral”.
La crítica social se ha centrado en una idea simple: “parece que solo cambiaron el piso”. A eso se suma un costo social que muchos consideran injustificable: la percepción de retiro de arbolado, el desplazamiento de los boleros y una intervención que, en vez de “revivir” el espacio público, lo vuelve más duro y menos humano. Ese malestar no se queda en el comentario; se convirtió en señalamiento político directo en redes, donde se insiste en que el dinero no se refleja en una mejora sustantiva.
Y como si la polémica por el costo no fuera suficiente, la obra recién entregada ya enfrenta un golpe adicional: filtraciones de agua en el estacionamiento subterráneo, con encharcamientos visibles y áreas inutilizadas. Lo más delicado es el cruce de responsabilidades: se ha reportado una explicación en el sentido de que el problema se originó por una transición o conexión relacionada con una línea de alimentación del SIAPA hacia un sistema nuevo, en el marco de pruebas y ajustes. Y ahí aparece el vacío institucional: si una dependencia culpa a la otra, ¿quién repara?, ¿quién paga?, ¿quién garantiza que no sea un problema estructural que se repita?, ¿quién responde por una obra millonaria que a días de inaugurarse ya muestra fallas?
En el fondo, lo que hoy se está discutiendo no es si es “malo” intervenir el espacio público. Claro que una ciudad debe rehabilitar sus plazas y glorietas. El punto es otro: el costo-beneficio y la rendición de cuentas. Cuando el gasto es alto y el impacto es poco perceptible, el gobierno está obligado a transparentar con precisión el desglose del presupuesto, los contratos, el alcance real, los cambios materiales verificables y, sobre todo, los mecanismos de garantía y mantenimiento. De lo contrario, estas obras se convierten en monumentos a la desconfianza: obras que no se ven, pero sí se cobran; obras que desplazan a quienes trabajan en el espacio público; obras que recortan sombra y arbolado; y obras que, además, empiezan a fallar antes de que el discurso oficial termine de celebrarlas.