La polémica por el contrato de 11 millones de pesos para la renovación del sistema de audio y la instalación de pantallas en el Congreso del Estado de Jalisco acaba de escalar a un nuevo nivel. El diputado Julio Hurtado, integrante del PAN y actual presidente del Congreso local, hizo un llamado público y directo al Secretario General del Poder Legislativo, Eduardo Lomelí, para que se rescinda el contrato que hoy está bajo fuerte cuestionamiento.
El contrato, cuyo monto asciende a 11 millones de pesos, tenía como finalidad la supuesta modernización tecnológica del recinto legislativo, incluyendo la colocación de un par de pantallas y la actualización del sistema de audio. Sin embargo, el problema no radica únicamente en el monto —que ya de por sí resulta elevado— sino en que, de acuerdo con señalamientos internos y externos, el sistema no estaría funcionando adecuadamente.
La inconformidad crece porque el gasto luce desproporcionado frente a lo adquirido. Diversos actores políticos y observadores han comenzado a cuestionar si el Congreso pagó un sobreprecio por equipo cuya operación ni siquiera ha quedado garantizada. En un contexto de austeridad y exigencia ciudadana de transparencia, un contrato por esta cantidad para un concepto aparentemente limitado genera suspicacias inevitables.
La exigencia pública del presidente del Congreso no es menor. No se trata de un reclamo de la oposición, sino del propio titular del Poder Legislativo, lo que añade gravedad política al asunto. Cuando quien encabeza el Congreso pide revisar o rescindir un contrato firmado dentro de la propia institución, el mensaje es claro: el problema ya no es un rumor, es un tema institucional.
Este episodio aviva la sospecha de una posible compra a sobreprecio y coloca bajo la lupa los procesos de adjudicación y supervisión interna. La pregunta que comienza a circular es inevitable: ¿hubo fallas administrativas, negligencia técnica o algo más?
Más allá de responsabilidades individuales, el caso pone en entredicho la gestión administrativa del Congreso del Estado y obliga a una revisión profunda de los mecanismos de control interno. Porque si el sistema no funciona y el dinero ya fue pagado —o comprometido— la explicación pública no puede limitarse a tecnicismos.
La ciudadanía observa. Y cuando se trata del manejo de recursos públicos, la confianza se pierde mucho más rápido de lo que se recupera.