La crisis política alrededor de Rubén Rocha Moya escaló este viernes con tres acontecimientos que sacudieron el tablero político nacional y colocaron nuevamente al mandatario sinaloense en el centro de la polémica. Mientras la Unidad de Inteligencia Financiera avanzó con el congelamiento de cuentas vinculadas al gobernador y el Senador de Morena por Sinaloa Enrique Inzunza quienes por cierto se encuentran en calidad de no localizables, dos de sus colaboradores más cercanos decidieron entregarse voluntariamente en Estados Unidos, uno en Arizona y otro en Nueva York.
El primero en aparecer ante autoridades estadounidenses fue Gerardo Mérida Sánchez ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se presentó en Arizona en medio de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos criminales y operaciones financieras bajo observación federal. Horas más tarde, Enrique Díaz Vega ex secretario de Finanzas del gobierno estatal también se entregó ante autoridades en Nueva York, alimentando versiones sobre una posible red de operaciones financieras irregulares que habría cruzado fronteras durante los últimos años.
La coincidencia temporal de ambos hechos detonó fuertes cuestionamientos políticos debido a que ocurre apenas horas después de que la UIF endureciera acciones financieras contra el entorno de Rocha Moya. Aunque desde el oficialismo se insiste en que no existe una investigación formal contra el gobernador, el congelamiento de cuentas personales y familiares proyecta una señal completamente distinta. En términos políticos, la narrativa de “persecución mediática” comienza a debilitarse frente a movimientos institucionales cada vez más severos.
El contraste resulta particularmente delicado para la presidenta y la llamada Cuarta Transformación. Mientras desde Palacio Nacional continúan los mensajes de respaldo hacia Rocha Moya y se evita cualquier ruptura pública con el mandatario sinaloense, dos integrantes clave de su estructura política y administrativa optan por entregarse ante autoridades estadounidenses. El mensaje político es devastador: el círculo más cercano parece buscar protección jurídica fuera de México mientras el gobierno federal mantiene un discurso de defensa interna.
La situación coloca a Morena frente a uno de sus momentos más incómodos rumbo al nuevo ciclo electoral. La defensa institucional de Rocha Moya comienza a generar costos políticos crecientes, especialmente porque los movimientos judiciales ya no provienen únicamente de adversarios políticos o filtraciones periodísticas, sino de acciones concretas de autoridades financieras y judiciales internacionales. El escenario abre una pregunta inevitable dentro de la opinión pública: si no existe nada que ocultar, ¿por qué los hombres más cercanos al gobernador están entregándose en Estados Unidos mientras las cuentas del entorno familiar son congeladas?