El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) atraviesa la crisis más profunda de su historia reciente. Lo que comenzó como problemas de infraestructura, pérdidas de agua y rezagos administrativos se ha transformado en una crisis estructural que hoy combina deterioro financiero, baja eficiencia operativa, una cartera vencida sin precedentes, cuestionamientos sobre la calidad del agua y una creciente desconfianza ciudadana.
Las cifras muestran que el problema no surgió de un día para otro. Durante los gobiernos estatales de Movimiento Ciudadano, primero con Enrique Alfaro Ramírez y ahora con Pablo Lemus Navarro, el organismo ha visto agravarse prácticamente todos sus indicadores estratégicos.
Uno de los datos más preocupantes es el crecimiento acelerado de la cartera vencida. Mientras hace algunos años representaba un problema importante, hoy supera los 18 mil millones de pesos, convirtiéndose en uno de los principales pasivos operativos del organismo. Tan sólo entre marzo y octubre de 2025, el propio SIAPA reconoció que la deuda de usuarios pasó de poco más de 18 mil 71 millones a 18 mil 844 millones de pesos, una tendencia que especialistas consideran financieramente insostenible para un organismo cuya principal fuente de ingresos depende precisamente de la cobranza del servicio.
El problema no es únicamente el tamaño de la deuda, sino la incapacidad institucional para recuperarla. Durante años no se implementó una estrategia efectiva de regularización del padrón de usuarios, recuperación de grandes deudores ni modernización de los esquemas comerciales, provocando que la cartera creciera de manera constante mientras disminuía la capacidad financiera del organismo para invertir en infraestructura.
La eficiencia comercial también refleja ese deterioro. En 2018 el SIAPA lograba recuperar alrededor del 85.5 por ciento de lo que facturaba; sin embargo, ese indicador descendió hasta ubicarse por debajo del 72 por ciento durante 2025, llegando incluso a registrar niveles cercanos al 64.5 por ciento en 2023. En otras palabras, el organismo cada vez cobra menos por el agua que produce y distribuye, debilitando su sostenibilidad financiera.
A esta situación se suma una infraestructura envejecida. Gran parte de la red hidráulica y sanitaria supera varias décadas de operación, lo que provoca fugas constantes, desperdicio de millones de metros cúbicos de agua y elevados costos de mantenimiento. Diversos diagnósticos técnicos estiman que una parte importante del agua producida nunca llega al usuario final debido a pérdidas físicas en la red de distribución.
Los problemas financieros tampoco pueden entenderse sin analizar la estructura administrativa del organismo. Durante los últimos años, el SIAPA incrementó considerablemente su plantilla laboral sin que ello se tradujera en mejoras proporcionales en los indicadores de eficiencia. Información oficial señala que el organismo cuenta con más de tres mil plazas autorizadas, mientras persisten observaciones sobre la necesidad de fortalecer los perfiles técnicos en áreas estratégicas y revisar la estructura organizacional. El propio Congreso de Jalisco ordenó evaluar los perfiles del personal y la productividad institucional como parte del diagnóstico integral solicitado en 2025.
La situación llegó a un punto crítico el año pasado, cuando el Congreso del Estado autorizó un incremento cercano al diez por ciento en las tarifas del agua, pero condicionó ese aumento a que el SIAPA elaborara un Diagnóstico Integral y de Planeación y, posteriormente, un Plan de Acción Integral que explicara las causas de la crisis y estableciera metas concretas para recuperar la eficiencia física, comercial y financiera del organismo. El decreto exigió evaluar la eficiencia operativa, la cartera vencida, la calidad del agua, el endeudamiento, la productividad y la estructura del personal, además de definir acciones para transparentar la gestión y mejorar el servicio.
Sin embargo, el cumplimiento de esas obligaciones también generó cuestionamientos. El diagnóstico fue entregado fuera del plazo previsto y el plan integral llegó varios meses después de la fecha establecida por el Congreso. Diversos legisladores y especialistas criticaron que el documento presentado carecía de la profundidad técnica esperada para explicar una crisis acumulada durante años y plantear soluciones de fondo.
Mientras tanto, la ciudadanía ha resentido las consecuencias. En los últimos años se multiplicaron las denuncias por agua turbia, con olor, interrupciones constantes del suministro, baja presión en distintas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara y fallas recurrentes en la infraestructura hidráulica. La crisis dejó de ser exclusivamente financiera para convertirse en un problema de salud pública, calidad de vida y confianza institucional.
Paradójicamente, mientras los indicadores operativos se deterioraban, el organismo continuó obteniendo calificaciones crediticias favorables por parte de agencias especializadas, derivadas principalmente del respaldo institucional del Estado y de su capacidad de pago, una situación que no necesariamente refleja la eficiencia cotidiana del servicio que reciben los usuarios.
Hoy, el SIAPA enfrenta el reto de recuperar la confianza de millones de usuarios, modernizar una infraestructura con décadas de rezago y sanear unas finanzas cada vez más presionadas. La magnitud de la crisis hace evidente que no se trata de un problema coyuntural, sino del resultado de decisiones administrativas acumuladas durante varios años. El desafío para la administración estatal actual ya no consiste únicamente en administrar el organismo, sino en demostrar que es capaz de revertir una tendencia de deterioro que, de acuerdo con los propios indicadores oficiales, se profundizó a lo largo de los últimos gobiernos de Movimiento Ciudadano.
