El estado de Jalisco cerró 2025 con un total de 240 cuerpos localizados en 53 fosas clandestinas, una cifra que se duplicó respecto al año anterior, que registró 121, según la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Además, hasta ahora solo 132 de esos cuerpos han sido identificados, lo que mantiene pendiente el reconocimiento oficial de más de un centenar de víctimas.
La mayor concentración de hallazgos se dio en el Área Metropolitana de Guadalajara, con 47 puntos de inhumación clandestina, destacando la fosa de Las Agujas en Zapopan, donde se recuperaron 62 cuerpos.
El Registro de Sitios de Inhumación Clandestina muestra que entre 2018 y 2025 se han recuperado más de 2,000 cuerpos en fosas clandestinas en Jalisco, una tendencia que refleja la persistencia de la violencia e inseguridad en el estado a lo largo de varios años.
La mayoría de los casos de desaparición y hallazgo de restos se concentra en personas jóvenes: del total de alrededor de 3,119 desapariciones reportadas en 2025, el 68 % corresponden a personas de entre 15 y 39 años de edad.
Aunque las autoridades han registrado y divulgado estas cifras, colectivos de familiares buscadores y organizaciones civiles han insistido en que los esfuerzos oficiales son insuficientes, y han continuado con búsquedas propias ante la percepción de que el Estado no cubre la magnitud real del problema. En Jalisco, grupos como los Guerreros Buscadores realizan excavaciones y localizan indicios que muchas veces quedan fuera de los mecanismos estatales de búsqueda.
La localización de cuerpos en bolsas, restos óseos y sitios con múltiples inhumaciones clandestinas ha sido documentada en diversos puntos de la zona metropolitana, y colectivos han denunciado lentitud en la atención forense y falta de recursos para procesar y entregar resultados a las familias.
Las cifras de fosas y personas localizadas en Jalisco evidencian no solo la persistencia de la violencia ligada al crimen organizado, sino también los retos que enfrentan las instituciones para identificar y registrar oficialmente a las víctimas, además de atender a los familiares que buscan justicia y respuestas. El crecimiento de hallazgos respecto al año anterior plantea interrogantes sobre estrategias de seguridad, investigación forense y coordinación entre autoridades y colectivos civiles.