Una nueva revelación sobre un decomiso histórico de combustible pone bajo la lupa el manejo de un operativo federal de 2025: aunque el gobierno informó haber asegurado 10 millones de litros de diésel ilegal en el puerto de Tampico, documentos oficiales revisados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) confirman que el buque involucrado transportaba más de 20.9 millones de litros, es decir, el doble de lo que se reportó públicamente y, por tanto, al menos la mitad del combustible desapareció sin explicación oficial sobre su destino.
El caso gira en torno al buque Challenge Procyon, que arribó al puerto de Tampico a finales de marzo de 2025 con un cargamento declarado como “aditivos para aceites lubricantes” en su pedimento de importación, cuando en realidad se trataba de diésel importado desde Estados Unidos, según actas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) consultadas por MCCI.
Tras convertir el peso declarado del combustible en litros —usando un factor de densidad—, el SAT determinó que el volumen real era 20 944 445.77 litros, pero las autoridades federales reportaron públicamente un aseguramiento de solo 10 millones de litros, generando la discrepancia que hoy es objeto de investigación periodística y cuestionamientos ciudadanos.
La reclasificación arancelaria del producto revela que la mercancía fue ingresada con una fracción incorrecta para evadir impuestos, lo que habría representado una evasión fiscal de más de 190 millones de pesos. Además, la diferencia entre el volumen real y el reportado apunta a que una parte significativa del combustible incautado no fue contabilizada oficialmente, lo que abre interrogantes sobre su destino y posibles actos de corrupción o colusión durante la cadena de aseguramiento y transporte.
El combustible fue importado por la empresa Intanza, y el SAT inició en noviembre de 2025 procedimientos de revisión administrativa contra pipas y transportistas que recibieron parte del diésel descargado del buque, incluyendo a empresas como Mefra Fletes y Express Roca. En esas revisiones se detectó que la sustancia declarada ante aduanas no correspondía a su composición real.
Aunque MCCI y medios han dado a conocer esta discrepancia, hasta ahora ninguna autoridad federal ha proporcionado una versión oficial clara sobre el paradero o uso de los casi 11 millones de litros de combustible no reportados, lo que ha generado críticas de analistas y organizaciones civiles que exigen transparencia y sanciones si se confirmaran actos de corrupción o mal manejo de los recursos incautados.
Este caso vuelve a poner en el centro del debate público la lucha contra el “huachicol fiscal” —la importación, distribución o comercialización ilegal de combustibles — y plantea la pregunta de si los mecanismos de control, decomiso y rendición de cuentas están funcionando adecuadamente o si existe una pérdida de miles de millones de pesos en el proceso.
