El proceso de elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) ha sumado una nueva polémica, luego de que la magistrada Lilia Mónica López Benítez denunciara públicamente haber sido incluida en las listas de candidatos, a pesar de que previamente presentó su renuncia al proceso.
López Benítez, quien actualmente se desempeña como magistrada del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), expresó su sorpresa y rechazo a esta situación a través de un mensaje en la red social X, donde señaló que, aunque declinó su participación de manera oficial ante el Senado y el CJF, su nombre apareció en la lista de aspirantes publicada por el Instituto Nacional Electoral (INE). La magistrada calificó esto como un acto irregular que pone en duda la transparencia del proceso.
La controversia se da en un contexto de fuertes críticas a la reforma judicial impulsada por el gobierno federal, la cual plantea, por primera vez en la historia del país, la elección por voto popular de 881 cargos dentro del PJF, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), jueces de distrito y magistrados de circuito. Desde su aprobación, esta reforma ha sido objeto de cuestionamientos por parte de juristas y actores políticos, quienes han advertido sobre el riesgo de politización y pérdida de independencia del Poder Judicial.
López Benítez ha sido una voz crítica de la reforma y del proceso electoral extraordinario. Su denuncia refuerza la percepción de falta de organización y posibles inconsistencias en la conformación de las listas de candidatos, lo que ha generado dudas sobre la legalidad y confiabilidad del procedimiento. La magistrada no ha sido la única en señalar problemas en este proceso, pues en días recientes otros jueces y magistrados han manifestado inquietudes sobre la forma en que se ha desarrollado la organización de la elección, especialmente en lo que respecta a la entrega de registros y las condiciones para la campaña.
El INE, por su parte, aún no ha emitido un pronunciamiento sobre la denuncia de López Benítez ni ha explicado cómo se elaboraron las listas definitivas de candidatos. Mientras tanto, la situación sigue generando incertidumbre sobre la viabilidad y legitimidad del proceso electoral dentro del Poder Judicial, que ya ha enfrentado diversos desafíos, incluyendo recursos legales en su contra y la reciente anulación de suspensiones concedidas por jueces de distrito.
A pocos meses de la elección programada para el 1 de junio de 2025, la denuncia de la magistrada López Benítez suma un nuevo capítulo a la controversia sobre la reforma judicial y sus efectos en la independencia del PJF, alimentando el debate sobre los riesgos y consecuencias de una transformación tan profunda en el sistema de justicia mexicano.