En Jalisco, la discusión sobre el reconocimiento de las identidades de género en infancias trans ha generado un intenso debate entre las autoridades estatales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A pesar de un mandato judicial que exige la modificación de la legislación local para permitir que menores de edad puedan cambiar su nombre y género en sus actas de nacimiento, el Congreso del Estado y el gobernador han mostrado resistencia a implementar estos cambios.
Sentencia de la SCJN
En junio de 2023, la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad 72/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declarando inconstitucionales las disposiciones del Código Civil de Jalisco que impedían a las personas menores de edad solicitar la emisión de una nueva acta de nacimiento acorde a su identidad de género. La Corte determinó que establecer una edad mínima para este trámite vulnera los derechos humanos de las infancias trans y ordenó al Congreso de Jalisco armonizar la legislación correspondiente.
Postura del gobernador y del Congreso estatal
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha instado a los diputados locales a rechazar el mandato de la SCJN, argumentando que permitir a menores de edad cambiar su identidad de género podría generar confusión y afectar el desarrollo de los niños. Esta postura ha sido respaldada por una fracción del Congreso estatal, que ha mostrado reticencia a legislar en favor de las infancias trans.
Estado actual del trámite legislativo
A pesar de la resolución de la SCJN, hasta la fecha, el Congreso de Jalisco no ha aprobado las reformas necesarias al Código Civil para garantizar el derecho de las infancias trans al reconocimiento de su identidad de género. Diversos colectivos y defensores de derechos humanos han manifestado su preocupación por el posible desacato al mandato judicial y han exigido a los legisladores cumplir con la sentencia de la Corte.
Consecuencias del desacato
El incumplimiento de una sentencia de la SCJN puede tener diversas implicaciones legales y políticas. En términos jurídicos, el desacato a una resolución de la Corte puede derivar en sanciones para los funcionarios responsables, incluyendo procedimientos administrativos y, en casos extremos, la destitución de sus cargos. Además, la falta de armonización legislativa podría dar lugar a amparos y litigios por parte de personas afectadas, lo que incrementaría la carga judicial y evidenciaría la falta de cumplimiento del Estado de derecho en la entidad.
La situación en Jalisco refleja la complejidad de garantizar los derechos de las infancias trans en un contexto donde persisten resistencias culturales y políticas. El desenlace de este conflicto sentará un precedente significativo para la protección de los derechos humanos en México.