Este domingo 30 de marzo de 2025 marca el inicio de un proceso sin precedentes en México: la campaña electoral para elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Más de 3,400 candidatos competirán por 881 cargos federales, incluyendo nueve posiciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las campañas se extenderán por 60 días, culminando el 28 de mayo, antes de las elecciones programadas para el 1 de junio. Durante este periodo, los aspirantes deberán enfrentar desafíos significativos debido a las estrictas restricciones impuestas:
• Prohibición de actos masivos y publicidad en medios: Los candidatos no podrán realizar eventos multitudinarios ni contratar espacios publicitarios en medios de comunicación.
• Financiamiento limitado: No contarán con recursos públicos para sus campañas, dependiendo principalmente de sus propias herramientas y redes sociales para promoverse.
• Restricciones en encuestas pagadas: Se limita la difusión de encuestas financiadas por los propios candidatos, buscando evitar influencias indebidas en el electorado.
La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, ha señalado que uno de los mayores retos será incentivar la participación ciudadana, estimando una afluencia de entre el 8% y el 15% del padrón electoral de 99 millones de votantes.
Esta elección histórica es resultado de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, que transformó el proceso de selección de altos funcionarios judiciales, pasando de un modelo de designación a uno de elección popular. La medida ha generado tanto expectativas como críticas, especialmente en torno a la independencia judicial y la politización de la justicia.
A medida que avanzan las campañas, será fundamental observar cómo los candidatos logran conectar con la ciudadanía y presentar sus propuestas en un entorno de recursos limitados y bajo estrictas regulaciones. El éxito de este proceso podría sentar un precedente para futuras elecciones judiciales en el país.