En una votación que generó reacciones encontradas, el Senado de la República aprobó el nombramiento de Manuel Rodríguez Murillo como nuevo magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, junto con Marcela Zárate Llamas y Brenda Judith Serafín Morfín, completando así la renovación parcial de dicho órgano jurisdiccional local.
Más allá del debate político que rodeó algunos de los nombramientos, el perfil de Rodríguez Murillo ha llamado particularmente la atención por la solidez de su trayectoria en materia de fiscalización, combate a la corrupción y control interno del gasto público. Hasta su nombramiento como magistrado, se desempeñaba como Titular del Órgano Interno de Control del INEGI, cargo para el que fue designado por la Cámara de Diputados en 2019.
Rodríguez Murillo es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestro en Administración Pública, con más de dos décadas de experiencia en el servicio público. Su carrera ha estado marcada por una vocación institucional orientada a la integridad administrativa. Ha sido referente nacional en temas de auditoría interna y anticorrupción, lo cual se refleja en su participación como coautor de los libros “Curso Superior del Sistema Nacional Anticorrupción” e “ISO Antisoborno: Un paso firme contra la corrupción”. En 2022, fue distinguido con el Galardón Frónesis por su destacada contribución al fortalecimiento de la ética pública en México.
Con este nombramiento, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco incorpora un perfil técnico y con visión institucional, lo que podría significar un contrapeso importante en el fortalecimiento de la legalidad en los procesos electorales de la entidad. Expertos en derecho electoral han valorado positivamente su experiencia en órganos autónomos y su cercanía con los principios de transparencia, rendición de cuentas y control interno, elementos que ahora deberá aplicar en la interpretación y aplicación de la ley electoral.
En contraste con otros nombramientos más polémicos, como el de Marcela Zárate Llamas —cuya relación familiar con una funcionaria de Morena fue cuestionada en tribuna—, el caso de Rodríguez Murillo ofrece una bocanada de legitimidad técnica en un proceso donde la política partidista ha tenido un peso importante. El reto, sin embargo, apenas comienza.