No conformes con haber reeditado una designación ampliamente cuestionada en la Auditoría Superior del Estado, donde volvió a imponerse un perfil que distintos actores identifican como cercano y funcional a los gobiernos de Movimiento Ciudadano, ahora el Ejecutivo estatal parece decidido a repetir la fórmula. La terna enviada por el gobernador Pablo Lemus para elegir a la o el nuevo fiscal anticorrupción de Jalisco no despeja dudas: las profundiza. Lejos de perfilarse como un ejercicio de contrapeso institucional, la propuesta refuerza la percepción de que se busca mantener bajo control político a una de las instancias clave del sistema anticorrupción.
Los tres nombres que integran la terna comparten un rasgo común que resulta imposible ignorar: su cercanía directa, funcional o histórica con el grupo político que ha gobernado Jalisco en los últimos años. Trayectorias construidas dentro del propio Ejecutivo, vínculos laborales previos con el gobernador o con su círculo más cercano, y perfiles asociados a la operación política y jurídica del poder, no a su fiscalización independiente. La pregunta, entonces, no es menor: ¿puede alguien investigar, perseguir y eventualmente sancionar actos de corrupción del gobierno al que debe su carrera o con el que mantiene lealtades evidentes?
La Fiscalía Anticorrupción no es —o no debería ser— una oficina más del organigrama gubernamental. Su razón de ser exige autonomía real, no solo formal. Se trata de una institución llamada a investigar a funcionarios en funciones, a exservidores públicos del mismo partido en el poder y, llegado el caso, a personajes políticamente incómodos para el gobernador en turno. Cuando quien encabeza esa fiscalía proviene del núcleo duro del Ejecutivo, la independencia se vuelve retórica y la persecución penal corre el riesgo de transformarse en un instrumento selectivo: se investiga a adversarios, se protege a aliados y se administra la justicia según instrucciones no escritas que salen de Casa Jalisco.
La experiencia comparada y los propios principios del sistema anticorrupción son claros. Quien aspire a encabezar esta fiscalía debe contar con solvencia técnica, trayectoria intachable y, sobre todo, una distancia verificable respecto del poder político. No basta con saber derecho o haber ocupado cargos públicos relevantes; se requiere credibilidad social, independencia demostrada y la capacidad de incomodar al gobierno que lo propuso. Sin ese elemento, la fiscalía se vacía de contenido y se convierte en una pieza más del engranaje político.
El mensaje que hoy se envía es preocupante. En lugar de fortalecer al sistema anticorrupción y recuperar la confianza ciudadana, se insiste en un modelo de control y alineamiento. La terna no parece pensada para garantizar investigaciones imparciales, sino para asegurar que nada verdaderamente sensible se mueva sin autorización. Y en un estado con serios problemas de corrupción, opacidad e impunidad, esa decisión no es menor: es una señal clara de hacia dónde se quiere llevar —o contener— la lucha anticorrupción en Jalisco.
A ello se suma que los tres perfiles incluidos en la terna mantienen vínculos directos y verificables con el actual grupo gobernante. Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez ha desarrollado buena parte de su carrera dentro del Poder Ejecutivo estatal, con antecedentes laborales en el propio Despacho del Gobernador y, actualmente, en la Secretaría de Salud, lo que lo coloca dentro de la estructura jurídica del gobierno en turno. Ricardo Sánchez Beruben, por su parte, fue uno de los principales operadores de la política de seguridad durante la administración de Enrique Alfaro y hoy aparece nuevamente impulsado desde el Ejecutivo, pese a señalamientos públicos que, sin constituir sentencias, sí generan un evidente riesgo reputacional para un cargo anticorrupción. Finalmente, Tatiana Esther Anaya Zúñiga ha sido una funcionaria de absoluta confianza del gobernador Pablo Lemus desde su etapa como presidente municipal de Zapopan y hoy se desempeña como consejera jurídica del Ejecutivo estatal, con un perfil claramente identificado como operadora jurídica del gobierno. En conjunto, la terna no solo carece de perfiles externos o independientes, sino que confirma una lógica de continuidad política que compromete, desde el origen, la autonomía y credibilidad de la Fiscalía Anticorrupción.