Una nueva polémica se instaló en el Congreso de Jalisco y ya escaló del terreno judicial al campo político: la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Paola Magaña Mendoza, y su esposo Sergio Salinas Escutia fueron señalados públicamente por un caso que gira alrededor de una denuncia por una cantidad cercana a 13 millones de pesos, presuntamente entregados en efectivo, y por la forma en que —según los acusadores— se estaría conduciendo el proceso penal contra Diego Martínez Ornelas, quien lleva meses en prisión preventiva.
Dato curioso es que Diego Martínez, actualmente preso, es cuñado del esposo de la diputada Magaña, es decir, el detenido es concuño de Magaña, esposo de su cuñada, tal y como puede apreciarse en las siguientes fotos. Por lo que podríamos decir, que estamos ante un pleito familiar que escalo hasta los tribunales de justicia penal.
De acuerdo con el recuento que circula en redes y en materiales compartidos por tu equipo, el monto se habría integrado por tres entregas en efectivo (una primera por $9,270,700, una segunda por $2,000,000 y una tercera por $1,000,000), bajo un esquema en el que se habría prometido un “rendimiento” mensual. La controversia no solo es el tamaño del dinero, sino el cómo: se afirma que no habría trazabilidad bancaria y que la discusión toca un punto altamente sensible para cualquier figura pública: la congruencia patrimonial.
El detonante mediático más reciente fue un desplegado difundido a través del periódico Mural, que según diversas publicaciones, acusa una presunta “distorsión” del uso del Poder Judicial, cuestiona la actuación del Juzgado Décimo Sexto de Control y sostiene que la prisión preventiva se mantiene pese a que el delito imputado “no ameritaría” esa medida de forma automática; además, el texto menciona la posibilidad de tráfico de influencias y llega al extremo de responsabilizar a la diputada y a su esposo por la seguridad de los firmantes.
La legisladora respondió públicamente. En esa misma cobertura se recoge que Magaña calificó el desplegado como “inserción pagada”, aseguró que el monto se estaría presentando de forma engañosa (porque, dijo, no correspondería a un agravio individual), sostuvo que actuó “conforme a la ley” al denunciar y afirmó que ha cumplido con sus obligaciones patrimoniales y “no tiene nada que ocultar”, argumentando también que el asunto está en tribunales y por ello no puede abundar.
El problema para su imagen —y para la credibilidad institucional— es que el caso se está leyendo en clave política: dinero en efectivo + proceso judicial controvertido + vínculos y percepciones de poder. En un ecosistema donde la ciudadanía está harta de privilegios, cualquier insinuación de “trato preferencial” se convierte en gasolina. Y en Jalisco, donde la desconfianza hacia la justicia es tema cotidiano, la narrativa ya no se limita a un pleito entre particulares: se ha vuelto un espejo incómodo sobre cómo se persigue, cómo se encarcela y a quién se le cree. (En paralelo, portales regionales han retomado el tema en los últimos días, manteniéndolo activo en conversación pública).
No hay que perder de vista, que la diputada Magaña aspira a convertirse en candidata y posteriormente en la primera presidenta municipal del Zapopan. Pero con estos escándalos, se ve notoriamente afectada su credibilidad y su transparencia, al negarse a transparentar su patrimonio, tal y como lo han indicado algunas publicaciones difundidas por periodistas, como Becky Reynoso. Poniendo en tela de juicio sus dichos para defenderse sobre el escandalo en cuestión.
