La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es menor. Tampoco es técnica. Es, en realidad, una redefinición profunda de los límites entre libertad de expresión, mercado y dignidad humana. En un país donde la exposición mediática es cotidiana y muchas veces impune, la Corte ha enviado un mensaje contundente: la imagen de una persona no es un recurso explotable sin consentimiento.
El caso que detonó este criterio —relacionado con el uso de la imagen de una persona para fines promocionales— permitió al máximo tribunal fijar una línea clara: el uso de la imagen con fines comerciales sin autorización es sancionable, incluso si la fotografía fue obtenida en un espacio público. (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Esto rompe con una idea ampliamente extendida —y peligrosamente simplificada— de que “lo público” elimina la privacidad.
La Corte no solo confirmó la constitucionalidad de los artículos 87 y 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, sino que reforzó algo más importante: el derecho a la propia imagen como una extensión directa de la dignidad, la identidad y la privacidad de las personas. (Suprema Corte de Justicia de la Nación) En otras palabras, no se trata de un derecho accesorio, sino de un componente esencial del Estado constitucional.
El criterio es contundente: nadie puede usar o publicar el retrato de una persona sin su consentimiento expreso. Y aunque existen excepciones —como el uso informativo o periodístico en espacios públicos— estas no son automáticas ni amplias. Deben cumplir una condición clave: aportar valor al debate público o a la vida comunitaria. (El mundo del Derecho)
Aquí está el punto más relevante del fallo. La Corte no solo delimita una regla, sino que introduce un estándar: el interés público. Y esto tiene implicaciones profundas. No basta con alegar libertad de expresión o acceso a la información. Si el uso de la imagen tiene un fin lucrativo, promocional o comercial, y no contribuye al debate público, entonces estamos frente a una vulneración.
Este matiz es especialmente importante en la era digital. Hoy, cualquier persona puede convertirse en creador de contenido, influencer o difusor masivo. La monetización de la imagen ajena —a través de redes sociales, campañas publicitarias o productos digitales— se ha vuelto una práctica común, muchas veces sin reflexión jurídica. La sentencia de la Corte introduce un freno necesario.
Además, el caso evidencia algo que suele pasar desapercibido: la delgada línea entre información y explotación. El mismo hecho —una fotografía en un espacio público— puede ser legítimo en un contexto periodístico, pero ilegal en uno comercial. La diferencia no está en la imagen, sino en su finalidad.
La sanción confirmada —equivalente a miles de UMAs— también es relevante. No se trata de una advertencia simbólica, sino de una consecuencia económica real que puede impactar a empresas, medios y creadores de contenido. (Eje Central) La Corte está diciendo, en términos claros: lucrar con la imagen de otro tiene un costo jurídico.
Pero más allá del caso concreto, la resolución revela una tendencia más amplia del constitucionalismo contemporáneo: la protección reforzada de los derechos de la personalidad frente a los mercados y las tecnologías. En un entorno donde los datos, las imágenes y la identidad se han convertido en activos, el derecho comienza a recuperar su función esencial: poner límites.
Esta decisión también dialoga, indirectamente, con fenómenos como la exposición mediática de víctimas, la cultura del escándalo o la explotación de figuras públicas. Incluso abre la puerta a nuevas discusiones: ¿hasta dónde llega el consentimiento? ¿qué ocurre con las imágenes generadas por inteligencia artificial? ¿puede alguien “perder” su derecho a la imagen por notoriedad?
La Corte no responde todas estas preguntas, pero sí fija un principio rector: la dignidad no se negocia.
En tiempos donde todo parece susceptible de ser capturado, compartido y monetizado, este criterio devuelve algo de control a las personas sobre su propia identidad. Y eso, en sí mismo, es una decisión profundamente política.