La crisis del agua dejó de ser solamente un problema de infraestructura para convertirse en uno de los principales focos de confrontación política en Jalisco. Durante la sesión del pleno del Congreso del Estado celebrada este viernes, 23 de octubre, las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC), Morena y sus aliados protagonizaron un intenso intercambio de acusaciones en torno al financiamiento del segundo acueducto Chapala-Guadalajara y la actuación de las autoridades durante las manifestaciones ciudadanas por el agua. El debate exhibió dos frentes de desgaste para el gobierno de Pablo Lemus: la disputa por el mérito de los recursos federales y las exigencias de rendición de cuentas por los operativos policiales.
Desde la oposición, Morena y las fuerzas que han coincidido con su postura, entre ellas Hagamos y Futuro, cuestionaron el esquema financiero que originalmente impulsó el gobierno estatal para construir el acueducto sustituto. La crítica se centró en los compromisos económicos multianuales y en el riesgo de que la participación privada en la construcción, mantenimiento y operación de la infraestructura termine trasladando costos elevados a las finanzas públicas. La diputada morenista Marta Arizmendi acusó a MC de pretender privatizar el agua y sostuvo que, mientras los partidos se disputan el proyecto, los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara continúan enfrentando problemas de calidad y abastecimiento. En respuesta, la bancada emecista defendió la necesidad de garantizar la inversión y acusó a sus adversarios de intentar capitalizar políticamente el anuncio federal sin demostrar, a su juicio, qué gestiones realizaron para conseguir los recursos.
El segundo frente de la confrontación fue todavía más delicado: las protestas ciudadanas del 11 de octubre y las denuncias sobre presuntos abusos cometidos durante la intervención policial. Legisladores de Morena y Futuro insistieron en que no basta con anunciar investigaciones o hacer ajustes operativos; exigieron explicaciones a los mandos y funcionarios responsables, así como que se esclarezcan las denuncias de detenciones arbitrarias y posibles actos de tortura. Desde MC, las respuestas se concentraron en cuestionar las motivaciones de sus adversarios y en acusarlos de utilizar las movilizaciones para obtener beneficios políticos. Así, la discusión parlamentaria terminó trasladando al pleno el conflicto que ya se vive en las calles: de un lado, ciudadanos que exigen agua limpia y responsabilidades; del otro, autoridades y fuerzas políticas que se disputan la interpretación de los hechos.
Más allá de los señalamientos cruzados, uno de los resultados concretos de la sesión fue la aprobación de un acuerdo para citar a comparecer a titulares de la Secretaría General de Gobierno, la Coordinación General Estratégica de Seguridad, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Estado, a fin de que expliquen su actuación durante el operativo de la marcha por el agua. También se planteó solicitar información a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y promover una comisión ciudadana de seguimiento a la crisis hídrica, con atención a las descargas irregulares detectadas en el canal Las Pintas y a los criterios utilizados para aplicar la rotación del servicio. Las comparecencias serán relevantes para determinar qué ocurrió, quién tomó las decisiones y qué responsabilidades, en su caso, deben establecerse.
La sesión dejó un saldo político incómodo para Movimiento Ciudadano: el debate sobre el agua ya no se limita a defender la viabilidad técnica de una obra millonaria. Ahora también debe responder a cuestionamientos sobre el modelo de financiamiento, la calidad del servicio y el manejo de las protestas. Morena y sus aliados aprovecharon el pleno para presionar al gobierno estatal y colocar esos asuntos en el centro de la agenda pública; MC, por su parte, intentó defender su gestión y cuestionar la legitimidad de las críticas opositoras. Pero ninguna bancada resolverá la crisis con discursos ni podrá adjudicarse por anticipado el éxito de una obra que aún debe traducirse en resultados. Para la ciudadanía, la medida definitiva seguirá siendo la misma: agua limpia, suministro confiable y explicaciones claras sobre el uso de la fuerza pública.
