El Congreso de Jalisco aprobó un acuerdo legislativo para llamar a comparecer a los titulares de la Secretaría General de Gobierno, la Coordinación General Estratégica de Seguridad, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Estado, con el propósito de que expliquen y justifiquen su actuación durante el operativo realizado el pasado 11 de octubre, en el marco de la “Mega Marcha por el Agua Limpia”. La decisión coloca bajo escrutinio la actuación de las autoridades estatales ante las denuncias de presuntos abusos y el uso de la fuerza pública durante las manifestaciones ciudadanas.
El acuerdo establece que los funcionarios deberán explicar la cadena de mando responsable de las decisiones operativas, incluido el uso de gas lacrimógeno, chorros de agua y estrategias de encapsulamiento. También contempla esclarecer las circunstancias en que se produjeron las detenciones, así como los procedimientos de traslado, custodia y posterior liberación de las personas detenidas. El objetivo es conocer quién tomó las decisiones, bajo qué criterios se actuó y si los procedimientos aplicados se apegaron a la ley y a los protocolos correspondientes.
Entre las medidas aprobadas también se encuentran exhortos a las autoridades competentes para que adopten medidas inmediatas de protección para las personas detenidas, preserven las evidencias del operativo e investiguen las posibles irregularidades. Asimismo, se solicitó información a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, con el propósito de incorporar elementos que permitan esclarecer los hechos y determinar si existieron vulneraciones a los derechos de las personas que participaron en la movilización. La comparecencia abre un espacio institucional para exigir explicaciones, aunque serán las investigaciones correspondientes las que permitan establecer responsabilidades.
Pero el acuerdo no se limita al conflicto con las autoridades de seguridad. En el mismo documento, el Congreso exhortó a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y el SIAPA a instalar una Comisión Ciudadana de Seguimiento a la crisis hídrica. También se pidió información sobre las descargas irregulares detectadas en el canal Las Pintas y sobre los criterios técnicos y sociales utilizados para establecer el esquema de rotación del suministro de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara. De esta manera, la discusión legislativa vincula dos reclamos ciudadanos: el derecho a manifestarse sin sufrir abusos y el acceso a agua de calidad y con un servicio confiable.
La aprobación del acuerdo se produjo en medio de una intensa confrontación entre Movimiento Ciudadano, Morena y sus aliados durante la sesión del pleno, en la que también se disputó el mérito político por la gestión de los recursos destinados al segundo acueducto Chapala-Guadalajara. Sin embargo, más allá del choque entre bancadas, el contenido del acuerdo pone sobre la mesa obligaciones concretas de información y rendición de cuentas. El siguiente paso será conocer cuándo se realizarán las comparecencias y qué respuestas ofrecerán los funcionarios. Para la ciudadanía, la expectativa es que el debate no quede en declaraciones partidistas y se traduzca en esclarecimiento de los hechos, atención a las denuncias y medidas verificables frente a la crisis del agua.
