La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha instruido a los jueces de distrito que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial a revisar y, en su caso, revocar dichas medidas en un plazo de 24 horas. Esta decisión surge en medio de un conflicto institucional entre la SCJN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a la competencia para invalidar suspensiones en juicios de amparo relacionados con la reforma.
Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado investigaciones por presuntos delitos contra la administración de justicia en contra de dos jueces que emitieron suspensiones para detener la implementación de la reforma judicial. Los jueces señalados son Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en Michoacán, y María Gabriela Ruiz Márquez, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco.
La SCJN determinó que las suspensiones otorgadas por estos jueces no proceden en materia electoral y contra reformas constitucionales, argumentando que los juzgados de distrito carecen de competencia para frenar reformas de esta naturaleza. Por ello, se les ha ordenado revisar de oficio sus decisiones y, en su caso, revocar las suspensiones emitidas.
En opinión de expertos, las suspensiones otorgadas por los jueces antes referidos, son parte de prácticas dilatorias para intentar frenar las reformas al poder judicial en México, promovidas e impulsadas desde el interior del poder judicial, puesto que los ministros, magistrados y jueces eventualmente y en forma paulatina se verán afectados por la reforma.
Este conflicto ha generado un intenso debate sobre la independencia judicial y la separación de poderes en México, evidenciando la tensión entre las distintas instancias del Poder Judicial y los órganos encargados de la procuración de justicia.