En el Área Metropolitana de Guadalajara, los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco han generado polémica al pretender incrementar las tarifas del agua en un 12.5% para el ejercicio fiscal de 2025, sin someter previamente esta decisión a la aprobación de sus respectivos plenos municipales. En su lugar, han enviado comunicados al Congreso del Estado informando sobre el resolutivo tarifario emitido por la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), delegando en el Legislativo la responsabilidad de avalar dicho aumento.
La Ley establece que la facultad de aprobar incrementos en las tarifas de servicios públicos recae en los Ayuntamientos, no en el SIAPA ni exclusivamente en el Congreso. Al omitir la votación en sus respectivos cabildos, estos municipios podrían estar incurriendo en una violación constitucional, al evadir su responsabilidad de aprobar directamente las modificaciones tarifarias.
Contrariamente, los Ayuntamientos de Tlaquepaque y Tonalá sí llevaron a cabo la aprobación formal del incremento del 12% en sus plenos municipales, cumpliendo con el procedimiento legal establecido. Por otro lado, el municipio de Juanacatlán votó en contra del aumento, manifestando su desacuerdo con la medida.
La controversia se agrava debido a que, al encontrarse ya en marzo de 2025, cualquier modificación en las tarifas del agua no fue incluida en las respectivas Leyes de Ingresos Municipales aprobadas previamente. Esto podría implicar que los incrementos propuestos carezcan de validez legal, al no haberse contemplado en los documentos fiscales correspondientes al inicio del año fiscal.
El partido Movimiento Ciudadano (MC), que gobierna en varios de estos municipios, ha sido objeto de críticas por esta estrategia, considerada por algunos como una maniobra para eludir el proceso legal y constitucional que exige la aprobación de los Ayuntamientos en pleno para cualquier ajuste en las tarifas de servicios públicos. Esta situación ha generado un debate sobre la transparencia y legalidad en la gestión de los recursos y servicios municipales.
La situación actual refleja una tensión entre el cumplimiento de los procedimientos legales y las decisiones administrativas en torno al incremento de las tarifas del agua. Es fundamental que las autoridades municipales respeten los procesos establecidos para garantizar la legalidad y legitimidad de sus acciones, evitando posibles violaciones constitucionales y asegurando una gestión transparente de los servicios públicos.
