Una red de empleados gubernamentales en Jalisco ha sido descubierta por cancelar de manera irregular 114,323 multas de tránsito, lo que representa una pérdida aproximada de 106 millones de pesos para el erario público.
La Contraloría del Estado ha identificado a seis funcionarios involucrados en estas prácticas ilícitas. Entre ellos destacan el exdirector Jurídico de lo Contencioso y la exencargada de despacho de la Oficina de Folios y Folderas, ambos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Estos empleados, aprovechando su acceso a los sistemas informáticos gubernamentales, eliminaban registros de multas vehiculares sin justificación legal.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha expresado su indignación ante estos hechos y ha instruido a la Contraloría a proceder con las investigaciones correspondientes. «Tenemos que sancionar a los funcionarios públicos que hicieron que el Estado tuviera esta merma de más de 100 millones de pesos», declaró Lemus. Se espera que, una vez concluidas las indagatorias, se presenten las denuncias pertinentes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Este escándalo ha generado preocupación entre la ciudadanía, que exige transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades. La confianza en las instituciones se ve afectada cuando ocurren actos de corrupción de esta magnitud, por lo que es fundamental que se tomen medidas ejemplares para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
