El escándalo internacional sobre el narco rancho de Teuchitlán, descrito por medios como un campo de exterminio, ha generado una fuerte reacción del gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado formalmente que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, dejando en claro su desconfianza en las autoridades estatales de Jalisco para llevar a cabo una investigación objetiva e imparcial.
La mandataria tomó esta decisión luego de que el fiscal Alejandro Gertz Manero calificara como «poco creíble» la versión del gobierno de Jalisco de que desconocía la existencia del sitio, insinuando una posible complacencia o incluso complicidad por parte de las autoridades estatales. El caso ha puesto en entredicho la gestión del exgobernador Enrique Alfaro, quien gobernó Jalisco en un periodo donde el estado se consolidó como el primero en desapariciones forzadas a nivel nacional.
Durante su administración, en lugar de implementar acciones contundentes para combatir este fenómeno, Jalisco dejó de compartir datos estadísticos de incidencia delictiva con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta estrategia, ampliamente criticada, fue interpretada como un intento de ocultar la magnitud de la crisis en el estado, donde colectivos de búsqueda han denunciado durante años la existencia de zonas de exterminio del crimen organizado.
El caso adquiere mayor relevancia en un contexto internacional. Mientras la FGR avanza en la investigación, Alfaro se encuentra en España, donde supuestamente atiende compromisos personales. Sin embargo, su nombre podría quedar en el centro del escrutinio, no solo de las autoridades mexicanas, sino de Estados Unidos, país que bajo la administración de Donald Trump ha sido enfático en señalar la colusión de políticos y gobiernos mexicanos con el narcotráfico. Con el caso de Teuchitlán ahora en manos de la FGR, el exgobernador jalisciense deberá prepararse para responder ante cualquier señalamiento.
