En días recientes, se ha ventilado públicamente que la Universidad de Guadalajara (UdeG) mantiene supuestos adeudos millonarios con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). De acuerdo con declaraciones del organismo operador, la casa de estudios debe por el uso del servicio de agua en diversos planteles educativos. Sin embargo, un análisis jurídico serio y objetivo revela que esta exigencia no solo carece de sustento legal, sino que atenta contra el principio constitucional de autonomía universitaria.
La UdeG es un organismo público autónomo, y como tal, goza de un estatus jurídico especial reconocido en la Constitución Política del Estado de Jalisco y en la Ley Orgánica de la Universidad. Esta autonomía no es un privilegio, sino una garantía institucional para el cumplimiento de su función educativa, científica y cultural, libre de presiones políticas o financieras indebidas. Cargarle adeudos por un servicio público esencial como el agua, sin tomar en cuenta su naturaleza pública y sin un convenio formal de cobro, rompe con ese principio.
Más aún, el suministro de agua potable por parte del SIAPA tiene como destinatario prioritario a la ciudadanía y a las instituciones públicas. Exigir el pago de tarifas comerciales a una universidad pública que brinda servicios educativos gratuitos en beneficio de cientos de miles de estudiantes jaliscienses resulta, como mínimo, cuestionable desde el punto de vista del interés público. La universidad no es una empresa privada ni una industria: su consumo de agua está vinculado directamente a una actividad de interés social, no lucrativa.
Adicionalmente, el marco legal aplicable al SIAPA establece que los convenios de cobro con entidades públicas deben estar fundamentados en acuerdos claros, formales y equitativos. Hasta donde se tiene conocimiento, no existe un convenio específico entre el SIAPA y la Universidad que regule estas supuestas obligaciones de pago, lo cual pone en duda la validez de los montos reclamados.
La narrativa de que la Universidad «debe» al SIAPA no solo es imprecisa: también sirve como mecanismo de presión mediática y política, en un contexto donde la relación entre el gobierno estatal y la UdeG ha estado marcada por la tensión. Pretender debilitar financieramente a la Universidad mediante este tipo de señalamientos públicos erosiona la confianza en las instituciones y desvía la atención de los verdaderos problemas estructurales que enfrenta el sistema de agua en el estado.
La Universidad de Guadalajara ha sido, históricamente, un bastión de formación académica y compromiso social. Pretender asfixiarla financieramente con cobros que no corresponden ni legal ni éticamente, no solo pone en riesgo su operatividad, sino que representa un retroceso para el desarrollo educativo de Jalisco.
