El gobernador Pablo Lemus Navarro envió al Congreso del Estado de Jalisco la terna para elegir al próximo Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, un cargo clave para el sistema anticorrupción estatal. La lista oficial está compuesta por:
- Ricardo Sánchez Beruben
- Tatiana Esther Anaya Zúñiga
- Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez
Sin embargo, el proceso ha generado críticas y dudas sobre la transparencia y la independencia de la designación, pues no incorpora al aspirante mejor evaluado por el Comité de Participación Social (CPS) y porque los tres perfiles seleccionados tienen vínculos de cercanía con el partido Movimiento Ciudadano (MC) y con administraciones emanadas de ese grupo político, lo que pone en tela de juicio la autonomía que debe caracterizar a la Fiscalía Anticorrupción.
Según el informe del CPS —órgano técnico encargado de evaluar a los aspirantes— los tres mejores puntajes entre los 30 candidatos registrados fueron:
- Ricardo Sánchez Beruben (34 puntos)
- Gustavo González Hernández (32 puntos)
- Tatiana Esther Anaya Zúñiga (31 puntos)
No obstante, Gustavo González Hernández —el segundo mejor evaluado del proceso— quedó fuera de la terna enviada al Congreso, a pesar de su trayectoria en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), donde lideró equipos de investigación en casos complejos y logró puntuaciones superiores a otros aspirantes.
La exclusión de un perfil con altos puntajes y experiencia federal ha generado críticas de expertos y sectores de la sociedad que consideran que la terna debería surgir de los mejores evaluados, independientemente de sus filiaciones o cercanías políticas, para garantizar que quien dirija la Fiscalía estatal tenga credenciales sólidas en combate a la corrupción.
Además del cuestionamiento técnico por la omisión de González Hernández, llama la atención que dos de los perfiles incluidos en la terna —Tatiana Esther Anaya Zúñiga y Ricardo Sánchez Beruben— tienen claros vínculos con Movimiento Ciudadano y gobiernos emanados de ese partido:
- Tatiana Anaya Zúñiga es actual consejera jurídica del Ejecutivo estatal encabezado por Lemus, y fue funcionaria durante administraciones municipales del mismo grupo político, lo que vincula su trayectoria directamente con el gobierno en turno.
- Ricardo Sánchez Beruben también ha sido identificado públicamente como cercano a la estructura política de MC, lo que alimenta percepciones de alineamiento político más que de independencia técnica.
- Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez, aunque menos difundido en la disputa pública, forma parte de la terna oficial y se percibe dentro de los círculos afines al proyecto político del gobernador.
Este patrón contrasta con lo que muchos analistas esperan de un proceso para un cargo que debe ser altamente autónomo, con capacidad de investigar y sancionar hechos de corrupción sin interferencia política. La cercanía política de varios de los nominados con el partido que actualmente tiene el poder en el estado alimenta la percepción de captura institucional y debilita la legitimidad del proceso.
Ante la terna enviada, diputadas y diputados de la oposición en el Congreso local han decidido desdeñar la propuesta original y han optado por entrevistar a los 30 aspirantes registrados para el cargo, con la intención de evaluar sin sesgos la capacidad de cada uno antes de votar.
Esta decisión refleja el desencanto con una terna que, para varios legisladores opositores, no representa los mejores perfiles disponibles, ni garantiza independencia de poderes, un elemento fundamental para la credibilidad de la Fiscalía.
La designación del fiscal anticorrupción es un momento definitorio para la lucha contra la corrupción en Jalisco. Más allá de los nombres concretos, la discusión gira en torno a cómo se eligen los titulares de instituciones encargadas de supervisar y sancionar conducta corrupta, y si dichos procesos se realizan con criterios técnicos y de autonomía institucional, o si responden a lógicas de control político que erosionan su efectividad.
La omisión de González Hernández y la presencia de perfiles ligados políticamente a MC en la terna abren una discusión importante sobre transparencia, meritocracia y equilibrio de poderes en la entidad, justo cuando la ciudadanía demanda órganos anticorrupción fuertes e independientes capaces de actuar sin favores ni presiones.
