La Zona Metropolitana de Guadalajara se prepara para una nueva expansión del sistema de fotomultas. De acuerdo con información oficial, en los próximos meses se instalarán 76 nuevos radares de control de velocidad en cruceros estratégicos, lo que llevará el total de dispositivos en operación a casi 140 en toda la metrópoli. El argumento central es conocido: reducir accidentes, salvar vidas y prevenir siniestros en puntos considerados de alto riesgo. Sin embargo, el anuncio vuelve a abrir un debate que en Jalisco nunca termina de cerrarse: ¿seguridad vial o voracidad recaudatoria?
Los nuevos radares se sumarán a los 63 ya existentes y forman parte de un plan integral de movilidad que comenzó a implementarse desde 2025. Su colocación abarcará municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto, con especial énfasis en cruceros donde el exceso de velocidad ha sido una constante. El proyecto no es menor: implica una inversión cercana a los 700 millones de pesos, cubierta de manera multianual, e incluye no solo los radares, sino cámaras, sistemas informáticos, software especializado y la operación integral del sistema.
Según lo previsto, 20 de estos nuevos radares comenzarán a operar durante 2026, mientras que el resto se instalará de forma gradual en los años siguientes. La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) ha adelantado que la vigilancia se reforzará en vialidades de alta peligrosidad y en corredores donde confluyen tránsito pesado, transporte público y automóviles particulares, como Periférico, López Mateos, 8 de Julio, Colón y el Camino Real a Colima.
El discurso oficial insiste en que el objetivo no es castigar, sino prevenir. No obstante, la experiencia previa con el sistema de fotomultas ha dejado una percepción ambivalente entre la ciudadanía. Para muchos conductores, el esquema se ha convertido en una fuente constante de sanciones económicas, con dudas recurrentes sobre la señalización, la transparencia en la operación y el destino final de los recursos recaudados. A ello se suma la desconfianza histórica hacia modelos de control automatizado que, en otros momentos, terminaron anulados o severamente cuestionados por su diseño y ejecución.
El anuncio llega, además, en un contexto particularmente sensible: aumentos recientes en tarifas del transporte público, presión inflacionaria y una narrativa gubernamental que pide sacrificios al ciudadano común. En ese escenario, la ampliación del sistema de radares corre el riesgo de ser leída no como una política de seguridad vial, sino como una medida que castiga al automovilista sin atacar de fondo otros problemas estructurales de la movilidad, como el mal diseño urbano, la falta de mantenimiento vial o la ausencia de una estrategia integral de educación y cultura vial.
La pregunta de fondo permanece abierta. Si el objetivo es reducir accidentes, el reto no será solo instalar más dispositivos, sino demostrar con datos claros y verificables que los radares efectivamente salvan vidas, que están bien señalizados, que operan con criterios técnicos y que el dinero recaudado se reinvierte en mejorar la movilidad y la seguridad. De lo contrario, el nuevo despliegue de fotomultas podría convertirse, una vez más, en un símbolo de control y recaudación, más que en una política pública legítima y socialmente aceptada.
