El clima político en Jalisco entró en una zona de turbulencia pocas veces vista en el Congreso local. Hace apenas una semana, el pleno fue escenario de un enfrentamiento frontal entre diputados de Morena y de Movimiento Ciudadano, luego de que la bancada naranja impulsara una iniciativa para reformar la Constitución del estado y prohibir que personas con “antecedentes penales” puedan ser candidatas a cargos de elección popular. La propuesta no surgió en el vacío: fue el punto culminante de varias semanas de acusaciones públicas, filtraciones mediáticas y discursos cada vez más duros.
El detonante fue la difusión en medios de presuntos antecedentes penales del diputado del PT, Eduardo Almaguer. Desde MC —con el respaldo discursivo del propio gobernador— se cuestionó la idoneidad ética de quienes aspiren o ejerzan cargos públicos bajo esas circunstancias. Sin embargo, el debate no se quedó en el legislador petista. El señalamiento escaló hacia Morena, bajo el argumento de su alianza política con el PT dentro del espectro de la llamada Cuarta Transformación. La narrativa dejó de ser individual para volverse estructural: se trató de instalar la idea de que la oposición local debía deslindarse o asumir el costo político.
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