La relación entre el SIAPA y el Congreso del Estado comienza a tensarse nuevamente. Y esta vez no se trata solo de números, sino de credibilidad institucional.
Cuando el director general del organismo, el Ing. Antonio Juárez Trueba, solicitó al Poder Legislativo el incremento en las tarifas para 2025, asumió compromisos claros frente a las y los diputados. No fue un cheque en blanco: el voto de confianza otorgado por el Congreso estuvo condicionado a la entrega de instrumentos técnicos fundamentales para evaluar la situación real del organismo.
Entre esos compromisos se encontraba la elaboración y presentación de un Diagnóstico Integral de Planeación (DIP) y un Plan Integral que permitieran conocer con precisión el estado financiero, operativo, organizacional y de infraestructura del SIAPA. En términos técnicos, un DIP no es un informe de rutina: es una evaluación estructural profunda que permite identificar pasivos, rezagos, ineficiencias, riesgos operativos y proyecciones de sostenibilidad.
Más aún, el compromiso adquiría mayor relevancia después del escándalo público por la contratación de la ex conductora de televisión Ely Castro, quien fue incorporada al organismo con uno de los salarios más altos de la institución —solo por debajo del propio director general— bajo el cargo de “asesora técnica”, pese a no contar con trayectoria técnica acreditada en materia hídrica. A ello se sumaron declaraciones públicas en las que reconoció percibir salario del SIAPA sin desempeñar funciones regulares en la institución, argumentando estar “comisionada”, sin que hasta la fecha se haya transparentado con claridad dónde, bajo qué fundamento legal y con qué autorización formal operaba dicha comisión.
En ese contexto, el Congreso solicitó algo elemental: claridad, planeación y responsabilidad técnica.
Sin embargo, lo entregado por el SIAPA dista considerablemente de lo comprometido. En lugar de presentar un verdadero Diagnóstico Integral de Planeación, la administración ha remitido auditorías financieras ordinarias e informes trimestrales que forman parte de las obligaciones regulares de transparencia del organismo. Documentación que, si bien es obligatoria, no sustituye en ningún sentido un estudio integral de planeación estratégica.
Una auditoría financiera revisa cumplimiento contable.
Un informe trimestral reporta avances administrativos.
Pero ninguno de estos instrumentos responde a preguntas estructurales como:
- ¿Cuál es el estado real de la red hidráulica y su nivel de obsolescencia?
- ¿Cuál es el impacto financiero de la cartera vencida?
- ¿Cuál es el costo real de operación frente a los ingresos proyectados?
- ¿Cuál es el plan de inversión multianual para rehabilitación de infraestructura?
- ¿Cuáles son los riesgos de sostenibilidad del sistema en el mediano plazo?
El DIP solicitado buscaba precisamente eso: saber dónde está parado el SIAPA después de años de administración cuestionada.
Además, los documentos fueron entregados fuera de los plazos originalmente comprometidos, lo que agrava la percepción de improvisación.
La lectura política es delicada. Cuando un organismo público solicita incremento tarifario, debe acompañarlo de una ruta clara de mejora institucional. Si esa ruta no se construye técnicamente y se sustituye por informes de rutina, el mensaje que se envía al Congreso y a la ciudadanía es de simulación.
El SIAPA no enfrenta solo un problema financiero; enfrenta un problema de confianza.
Y en materia de servicios públicos, la confianza no se decreta: se construye con transparencia real, planeación técnica y rendición de cuentas efectiva.
Hoy la pregunta no es si el SIAPA entregó documentos.
La pregunta es si entregó lo que realmente se le pidió.