El 19 de febrero de 2025, la administración del presidente Donald Trump anunció la designación de seis cárteles mexicanos, incluyendo al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como organizaciones terroristas extranjeras. Esta medida, oficializada a través del Departamento de Estado y publicada en el Registro Federal, también abarca a Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana. Además, se incluyó a la organización venezolana Tren de Aragua y a la salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13) en la lista de entidades terroristas.
La designación de estos grupos como organizaciones terroristas tiene implicaciones significativas, permitiendo al gobierno de Estados Unidos aplicar sanciones más severas, como el congelamiento de activos financieros y la imposición de restricciones migratorias a sus miembros. Esta acción busca intensificar la presión sobre las estructuras operativas de estos cárteles y pandillas, responsables de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, armas y personas.
En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su rechazo a la medida, argumentando que equiparar a los cárteles con organizaciones terroristas internacionales podría justificar intervenciones extranjeras en territorio mexicano, lo cual vulneraría la soberanía nacional. Sheinbaum enfatizó que su gobierno ha intensificado los esfuerzos para combatir al crimen organizado, destacando recientes operativos que resultaron en la incautación de 269 kilos de metanfetaminas y 4,700 litros de precursores químicos en Sinaloa. Estas acciones, según la mandataria, demuestran el compromiso de México en enfrentar el narcotráfico de manera autónoma y efectiva.
La decisión de Estados Unidos ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países. Mientras Washington argumenta que la designación es una herramienta necesaria para combatir la creciente amenaza que representan estos grupos, México considera que dicha clasificación podría abrir la puerta a acciones unilaterales por parte de Estados Unidos en su territorio. Analistas internacionales advierten que este movimiento podría complicar la cooperación bilateral en materia de seguridad y generar fricciones adicionales en áreas como comercio y migración.