En un giro inesperado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha decidido no investigar a las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, todas ellas vinculadas al partido Morena, por presuntos actos anticipados de campaña realizados antes del 13 de enero de 2025. Esta resolución ha generado una ola de reacciones y cuestionamientos sobre la imparcialidad y la integridad de las instituciones encargadas de velar por la legalidad electoral en México.
La controversia surgió cuando ciudadanos denunciaron que las ministras, aspirantes a la reelección en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), habrían llevado a cabo actividades proselitistas antes del inicio oficial de las campañas, programadas para el 30 de marzo. Entre las pruebas presentadas se incluían 99 publicaciones en redes sociales donde las funcionarias promovían sus aspiraciones. Sin embargo, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la queja, argumentando que las publicaciones no contenían llamados explícitos al voto ni posicionamientos indebidos, sino que abordaban temas de interés general, como la reforma judicial.
El magistrado Reyes Rodríguez propuso que al menos 10 de estas publicaciones fueran investigadas a fondo, ya que podrían implicar promoción indebida de candidaturas. No obstante, tres de los cinco magistrados del TEPJF rechazaron esta propuesta, alegando que no existían indicios claros de infracciones a la normativa electoral. Esta decisión ha sido vista por muchos como una muestra de la creciente influencia del partido en el poder sobre las instituciones encargadas de garantizar la equidad en los procesos electorales.
El contexto de esta polémica se enmarca en la reciente reforma judicial impulsada por el gobierno, que ha generado tensiones entre la SCJN y el TEPJF. La reforma busca, entre otras cosas, la elección popular de jueces y magistrados, lo que ha sido criticado por diversos sectores que consideran que podría politizar aún más al Poder Judicial. Las ministras Esquivel, Batres y Ortiz han sido señaladas por su cercanía con Morena y su participación en eventos organizados por el partido, lo que ha levantado sospechas sobre la imparcialidad de sus actuaciones.
Este episodio pone en evidencia las fracturas institucionales y el desafío que representa mantener la autonomía y la independencia de los órganos encargados de impartir justicia en México. La decisión del TEPJF de no investigar a las ministras podría sentar un precedente peligroso, donde las alianzas políticas prevalezcan sobre la legalidad y la ética en el servicio público.
