Lo que debía ser un proceso institucional y ciudadano, se ha convertido, en algunos sectores, en un espectáculo político disfrazado de participación. Y uno de los protagonistas más visibles —y controvertidos— ha sido Samuel García, gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, quien no ha dudado en convertir la elección judicial en una oportunidad más para promover a su partido y fortalecer su narrativa de marketing político.
Durante las últimas semanas, Samuel García ha inundado sus redes sociales con videos en los que “explica” cómo votar en las boletas del poder judicial. Pero lo que aparentemente sería una acción pedagógica, se transforma en un acto de propaganda cuando el gobernador reparte “acordeones” naranjas con los nombres y números de candidatos que simpatizan —abiertamente o en la práctica— con Movimiento Ciudadano.
En dichos materiales, se le observa animando a los ciudadanos a “llevar su acordeón” para votar. Incluso lo hace con el estilo que lo caracteriza: informal, efectista y marcadamente populista. Pero detrás del lenguaje desenfadado se esconde una operación partidista con claros intereses electorales, que va en contra del espíritu de neutralidad e independencia que debería imperar en un proceso donde se eligen juzgadores.
¿Qué hace MC metido en la elección judicial?
Movimiento Ciudadano ha comenzado a impulsar a perfiles judiciales afines o cercanos a su estructura política, especialmente en Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México. Algunos aspirantes incluso han trabajado en gobiernos municipales emecistas o en dependencias estatales controladas por ese partido. En varios casos, la campaña judicial en redes ha sido diseñada con los mismos colores, estilo gráfico y mensajes que usa MC en sus procesos electorales convencionales.
El caso de los “acordeones” distribuidos por Samuel García pone en evidencia la colonización de lo judicial por lo electoral. ¿Cómo hablar de independencia judicial si los candidatos están siendo promovidos desde los aparatos gubernamentales estatales? ¿Qué clase de legitimidad pueden tener los jueces electos si desde el poder se les marca, literalmente, con un número y un color?
Una oportunidad histórica bajo amenaza
El proceso de elección judicial, único en su tipo, fue planteado como una vía para acercar la justicia al pueblo y permitir que el Poder Judicial se legitimara socialmente. Pero su implementación ha sido torpe, poco difundida, y ahora, además, contaminada por la injerencia de partidos como MC.
El riesgo no es menor: se puede abrir la puerta a un nuevo sistema de cuotas políticas judiciales, en el que el partido con mejor aparato de redes y propaganda —no el mejor perfil jurídico— se quede con los cargos.
¿Quién detiene el uso electoral del proceso?
El INE ha guardado silencio ante estas prácticas. Tampoco el Poder Judicial ha hecho llamados claros a mantener la neutralidad. En contraste, lo que vemos es que los actores políticos con capacidad de movilización —como Movimiento Ciudadano— están cooptando el proceso, no para fortalecer la justicia, sino para ampliar sus tentáculos institucionales.
