En una intensa jornada que se prolonga por varios días, miles de personas han salido a las calles de Los Ángeles y San Diego para denunciar las recientes redadas del ICE (Immigration and Customs Enforcement) y el despliegue de la Guardia Nacional en California. Esta ola de indignación surge tras la detención de más de 118 migrantes en un operativo justo en la zona de Los Ángeles, lo cual ha desatado una respuesta masiva de rechazo y temor en las comunidades afectadas.
Desde el viernes, manifestantes se han congregado en puntos clave como el exterior del Home Depot en Westlake, el CPD y el centro de detención Metropolitano. Las protestas han escalado en varios momentos, con bloqueos en la autopista 101, encendido de vehículos (incluyendo autos de Waymo) y enfrentamientos con la policía. En medio del descontento, la Guardia Nacional—en una intervención poco común sin autorización estatal—ha utilizado gas lacrimógeno, balas de goma y granadas aturdidoras, dejando varias personas heridas y reportes de arrestos al menos 56 solo en Los Ángeles.
Uno de los casos más impactantes se dio cuando una reportera australiana fue alcanzada en vivo por una bala de goma mientras cubría los hechos, una escena que encendió aún más la polémica por el uso de fuerza excesiva .
Además de Los Ángeles, San Diego se unió en solidaridad con movilizaciones en el parque Chicano y frente a Camp Pendleton, donde decenas protestaron no solo contra las redadas, sino también por la fuerte respuesta militar en la región. Esta ola de protestas es parte de un movimiento más amplio que comenzó en febrero, cuando miles ocuparon la autopista en Los Ángeles y San Diego para rechazar la “Operación Safeguard”, una ofensiva nacional contra migrantes indocumentados en ciudades santuario.
Las autoridades estatales han respondido con fuertes reproches: el gobernador Gavin Newsom calificó la movilización de la Guardia Nacional como “ilegal e inflamada”, y anunció acciones legales contra el gobierno federal. Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, respaldó el derecho a protestar y advirtió que quienes recurran a la violencia serán procesados.
Desde la comunidad inmigrante, el ambiente es de mezcla entre miedo y determinación. Un día laborista relató cómo, tras huir gritando “La migra”, regresó buscando sustento pese al temor constante de ser arrestado. En paralelo, defensores de derechos humanos han implementado «casas de enlace» y redes de apoyo para proteger a las personas vulnerables.