El anuncio de Jesús Pablo Lemus Navarro gobernador de Jalisco sobre el levantamiento del llamado “Código Rojo” deja más preguntas que certezas. Después de varios días en los que autoridades estatales activaron este mecanismo ante hechos de alto impacto, la decisión de darlo por concluido fue presentada como una señal de normalización. Sin embargo, el problema de fondo persiste: nunca se explicó con claridad qué era exactamente el “Código Rojo”, cuáles eran sus alcances, ni bajo qué criterios se activó o se desactivó.
Durante su implementación, la ciudadanía vivió bajo un ambiente de tensión. Se registraron operativos, despliegues de fuerzas de seguridad y restricciones informales en algunas zonas. Pero oficialmente, el concepto permaneció ambiguo. ¿Se trataba de un protocolo jurídico? ¿Un mecanismo administrativo? ¿Una estrategia táctica interna de seguridad? Las autoridades evitaron definirlo públicamente con precisión, lo que abrió espacio a especulaciones, rumores y desinformación.
En contextos de crisis, la comunicación gubernamental es tan importante como la estrategia operativa. Activar un “Código Rojo” sin detallar sus implicaciones generó incertidumbre entre la población, empresas, escuelas y gobiernos municipales. El mensaje fue contundente en el discurso, pero difuso en su contenido. Y ahora, al levantarlo, tampoco se ofrece un informe técnico que permita evaluar resultados, duración, costos o impacto real en la seguridad pública.
La seguridad no puede administrarse a partir de conceptos ambiguos. Si el “Código Rojo” fue una herramienta legítima y necesaria, el gobierno estatal tendría que transparentar su naturaleza, sus fundamentos normativos y los indicadores que justificaron su implementación. De lo contrario, la narrativa oficial corre el riesgo de parecer más un recurso político que una política pública estructurada.
El levantamiento del “Código Rojo” debería marcar el cierre de una etapa excepcional. Pero mientras no exista una explicación clara y técnica sobre qué fue y qué logró, quedará la percepción de que se trató de un operativo envuelto en opacidad. Y en materia de seguridad, la opacidad siempre termina siendo terreno fértil para la desconfianza ciudadana.
