La iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un obstáculo político de primera magnitud. Este miércoles, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República ratificaron públicamente su rechazo a la propuesta presidencial, advirtiendo que no respaldarán la reforma en su versión actual. Para ellos, la iniciativa pone en riesgo la equidad del proceso electoral y fortalece a Morena de manera desproporcionada, debilitando las garantías de pluralismo que exige la Constitución.
En conferencia de prensa conjunta, los coordinadores senadores de PAN y PRI coincidieron en que el proyecto carece de balances institucionales adecuados y que, tal como está redactado, podría terminar por concentrar demasiada autoridad en instituciones que, a su juicio, ya carecen de contrapesos efectivos. La crítica se centró en varios ejes de la iniciativa:
- Reducción presupuestal del sistema electoral, que según las bancadas opositoras podría poner en riesgo la operatividad de las elecciones.
- Modificaciones al sistema de plurinominales, considerado por PAN y PRI como una afectación a la proporcionalidad y pluralidad.
- Prohibición de reelección consecutiva, que los opositores consideran un retroceso a derechos políticos adquiridos.
- Regulación del uso de inteligencia artificial en redes sociales y proceso electoral, tema que, aunque visto con simpatía por algunos sectores, genera preocupación por restricciones a la libertad de expresión.
Los senadores panistas argumentaron que la reforma, tal como está estructurada, no atiende adecuadamente los principios de equilibrio político y fortalece una lectura normativa que podría servir a intereses partidistas en lugar de consolidar un modelo más justo.
Por su parte, la bancada priista advirtió que no respaldará ninguna modificación constitucional sin un consenso mínimo que garantice la sustentabilidad operativa del sistema y el respeto a las reglas actuales que han permitido la pluralidad en México.
Este posicionamiento no solo vuelve más complejo el avance legislativo de la reforma, sino que pone en evidencia que la iniciativa de Sheinbaum no cuenta con las mayorías suficientes en el Senado para su aprobación en lo general y, sobre todo, en lo particular, es decir, para pasar por las cámaras en un formato que modifique la Constitución.
La reforma necesita una mayoría calificada de 2/3 partes en ambas cámaras para poder avanzar. El rechazo explícito de dos de los partidos con mayor número de senadores implica que, sin ajustes sustantivos o concesiones importantes, el proyecto podría estancarse o modificarse de manera tal que pierda buena parte de su intención original.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, ante el anuncio de PAN y PRI, subrayó que “el debate debe continuar”, pero reconoció que será necesario abrir mesas de negociación más amplias y posiblemente incorporar ajustes que atiendan las preocupaciones de los partidos opositores si es que se pretende alcanzar un acuerdo parlamentario viable.
Este nuevo capítulo en la discusión de la reforma electoral deja claro que, más allá de los discursos y las conferencias matutinas, la aprobación legislativa enfrenta un proceso de negociación complejo, con resistencias firmes que no pueden ser ignoradas y que podrían derivar en una reforma que sea muy distinta a la presentada inicialmente por la presidenta.
