Movimiento Ciudadano (MC) exigió públicamente que se investigue a funcionarios de los tres niveles de gobierno por una posible infiltración del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. La postura fue fijada por el coordinador de la bancada naranja en el Senado, Clemente Castañeda, quien planteó la necesidad de revisar a fondo posibles vínculos o complicidades institucionales que hayan permitido la operación del grupo criminal.
De acuerdo con lo publicado por El Financiero, MC pidió abrir investigaciones formales para determinar si existieron redes de protección o infiltración del CJNG dentro de estructuras gubernamentales, señalando que el Estado mexicano debe contar con mecanismos más sólidos para impedir que el crimen organizado penetre en las instituciones públicas. La exigencia se da en un contexto particularmente delicado, tras los hechos de violencia registrados en Jalisco posteriores a la caída del líder del cártel.
Sin embargo, la declaración abre inevitablemente una pregunta política incómoda: si MC gobierna Jalisco desde 2018, primero con Enrique Alfaro y ahora con Pablo Lemus, ¿la exigencia de investigar infiltraciones incluye también a los gobiernos estatales y municipales emanados de su propio partido?
Porque si la sospecha es que hubo filtraciones, omisiones o incluso protección institucional, el análisis no puede limitarse a otros niveles de gobierno o a administraciones pasadas. La lógica democrática y de rendición de cuentas obligaría a revisar también las estructuras locales que han estado bajo control naranja durante casi una década.
En política, pedir investigaciones suele ser una jugada de alto riesgo: puede convertirse en un acto de transparencia genuina o en un discurso que termina regresando como bumerán. Si el planteamiento de MC es serio, la investigación tendría que ser integral, sin exclusiones partidistas y sin zonas intocables.
El fondo del asunto es más profundo: la infiltración del crimen organizado en estructuras públicas no es un problema exclusivo de un partido, sino una crisis estructural del Estado mexicano. Pero cuando quien gobierna una entidad durante años exige revisar posibles infiltraciones, la pregunta inevitable es si también está dispuesto a que la lupa apunte hacia su propia casa.
